¡Atención Docente! Congreso propone incorporar asesoría legal en las Instituciones educativas Públicas

Proyecto de Ley

Se presenta un nuevo proyecto de ley propuesto por el congresista Germán Adolfo Tacuri Valdivia, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional.

Objetivo principal del Proyecto de Ley

El proyecto de ley tiene como objetivo principal la inclusión de abogados en todas las instituciones públicas de nivel básico, técnico y superior en Perú. El propósito es garantizar que cada director reciba asesoría legal adecuada para la implementación efectiva de la normativa y la correcta aplicación del reglamento educativo.

Supervisión y evaluación de las áreas legales en instituciones educativas

La ley propuesta establece que, a través de la Dirección General de Gestión Descentralizada, el Ministerio de Educación (Minedu) será responsable de supervisar la creación y funcionamiento de áreas legales en las instituciones públicas de nivel básico, técnico y superior. Además, el Minedu deberá realizar evaluaciones periódicas para asegurar la efectividad de esta medida. Con este proceso de supervisión y evaluación, se busca garantizar que cada institución cuente con el asesoramiento legal adecuado para una correcta aplicación de la normativa y del reglamento educativo, contribuyendo así a una mejor gestión y administración en el sistema educativo.

Rol de los abogados en las instituciones educativas

• Asesorar a la dirección en temas legales y garantizar la correcta aplicación de la normativa educativa.
• Gestionar conflictos internos legalmente, evitando su judicialización.
• Representar a la institución en procesos administrativos y judiciales.
• Proteger los derechos de estudiantes, docentes y personal, asegurando el cumplimiento de las normativas.
• Implementar políticas internas que promuevan justicia y equidad.
• Realizar capacitaciones legales periódicas para la comunidad educativa.

Designación de abogados a través de concursos públicos

Los abogados deberán estar debidamente colegiados y habilitados. La selección y contratación se realizará a través de un concurso público, buscando garantizar la transparencia y asegurar que los postulantes sean los más adecuados para desempeñar sus funciones en el ámbito educativo.

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