Respuesta correcta: A

Retroalimentación:

Partiendo del objetivo de la implementación de la fase denominada Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad de la Política que trae la Política de Defensa y de Seguridad Nacional, se puede afirmar que con su ejecución la Policía Nacional logrará mejorar las condiciones de seguridad en la zona, fomentar el desarrollo económico de los comerciantes y promover el emprendimiento y la equidad social en la ciudad; pues es ese el objetivo de la fase: “(...) Los principales esfuerzos buscarán contrarrestar los delitos de mayor impacto, como las diferentes modalidades de hurto, en especial a personas, motocicletas, vehículos, también los que afectan la libertad sexual, la venta de drogas, los ciberdelitos y las conductas que en el marco del Código de Policía perturban la convivencia y pueden propiciar la comisión de delitos. También la extorsión, el tráfico urbano de estupefacientes y el secuestro. A pesar de ser espacios con fuerte presencia estatal, imperio de la ley y legitimidad institucional, donde no existen las mismas amenazas armadas ilegales que en las otras dos zonas, se mantienen niveles de riesgo asociados a la acción de los Grupos Armados Organizados (GAO) y de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), (...) El objetivo en estas zonas es mantener y mejorar las condiciones de seguridad en las ciudades y el campo, con el fin de promover emprendimiento, generar riqueza y equidad social. La seguridad garantizará las condiciones para promover el desarrollo económico y mejores condiciones sociales para sus habitantes. Para esas zonas, el papel de la Policía Nacional es fundamental y su evaluación tendrá en cuenta la disminución de los delitos y la confianza que los ciudadanos tengan en la institución. Adicionalmente, el entorno digital genera nuevas oportunidades y dinamiza sectores, por lo cual, una acción efectiva del Estado en el entorno digital y bajo el principio de responsabilidad compartida que vincula al sector privado, la población y la comunidad internacional, promoverán la confianza, el desarrollo económico y el emprendimiento de Colombia.” (Pág. 39) Por ello, devolver la seguridad a los ciudadanos con la eliminación delincuencial en la ciudad y la recuperación del espacio público, es un argumento definitivo que afirma que la aplicación del eje de transformación estratégica por parte de la Policía Nacional eliminará por completo con la delincuencia no solamente en la zona, sino en toda la ciudad, lo cual no es coherente con el caso ni con la Política, pues su trabajo es arduo y continuo, y afirmar acabar con la delincuencia a nivel de ciudad con la aplicación de un solo eje y en una única zona del territorio es incoherente con lo que la Política de Defensa y Seguridad Nacional plantea en su proyecto de acción. Con el mismo argumento, se evalúa una de las opciones que plantea que el aplicar la fase de Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad por la Policía Nacional, logrará erradicar la comercialización y distribución de productos ilegales, recuperar la zona de comercio para la formalización laboral de los comerciantes y devolver la tranquilidad a la ciudad; lo cual es absurdo pensar, pues la erradicación de la comercialización y distribución de productos ilegales es un trabajo arduo de la mano de las demás instituciones y del trabajo conjunto con las demás fases, se habla de combatir y disminuir el auge de productos ilegales pero su exterminación es radical y no se tiene la certeza de que estas bandas sean las únicas en la ciudad. Por otro lado, la opción nos habla de formalización laboral como el fin de la recuperación de los espacios de comercio de la zona de la ciudad, lo cual no es así, pues la policía Nacional no tiene facultad de formalizar laboralmente ni tampoco el caso nos presenta que sean comerciantes informales. Parecido argumento nos sirve de base para negar la afirmación que trae una de las opciones, pues si bien la captura de los posibles delincuentes si es facultad de la Policía Nacional, no lo es su judicialización, pues es esto facultad de los jueces y específicamente, de la Fiscalía, la imputación de los cargos. Igualmente, la aplicación de la fase de Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad por la Policía Nacional de la PDS no tiene como fin la captura de los posibles delincuentes (no son delincuentes hasta que un juez así lo declare mediante sentencia), pues como se citó de la PDS, lo que se busca con la fase es “(...) mantener y mejorar las condiciones de seguridad en las ciudades y el campo, con el fin de promover emprendimiento, generar riqueza y equidad social. La seguridad garantizará las condiciones para promover el desarrollo económico y mejores condiciones sociales para sus habitantes.” (Pág. 39)

Respuesta correcta: A

Explicación:

De acuerdo al Plan de Defensa y Seguridad Nacional PDS 2019, se identifican como principales amenazas a la seguridad nacional las organizaciones criminales, amenazas externas que afectan la integridad territorial, inestabilidad en países vecinos, economías ilícitas, fortalecimiento de grupos delincuenciales, disputas por el control de rentas ilícitas y su impacto en el delito de homicidio, la expansión de redes de tráfico de drogas y microtráfico, entre otros: “(...) Se identifican las principales amenazas en materia de seguridad, desde organizaciones criminales hasta amenazas externas relacionadas con la intención de afectar la integridad territorial, inestabilidad en países vecinos e injerencias de potencias extra-hemisféricas. (...)” (Abecé de la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad. Link: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190206-Abece-de-la-Politica-de-Defensa-y-Seguridad-para-la-Legalidad-el-Emprendimiento-y-la-Equidad.aspx) Así, de acuerdo a la PDS 2019, la inestabilidad en países vecinos constituye una amenaza de carácter externo contra la seguridad nacional, generando afectación a la soberanía estatal y la integridad territorial, siendo este argumento la respuesta clave al caso planteado. Al respecto, el Plan de Defensa y Seguridad, contempla: “A nivel internacional, las amenazas a la seguridad se han agudizado para Colombia. Entre ellas están los delitos transnacionales (...) También sobresalen los regímenes no democráticos, las crisis humanitarias y la migración masiva irregular, la injerencia de potencias ajenas al hemisferio, el patrocinio y tolerancia estatal con organizaciones terroristas y de narcotráfico en la región y la pretensión de despojar al país del territorio; todos ellos factores que afectan la seguridad nacional. (...)” (Págs. 28 y 29) En concordancia, es una amenaza externa la que se presenta en el caso, contra la seguridad nacional, lo cual genera afectación a la soberanía estatal y la integridad territorial. Así, de acuerdo a la Política de Defensa y Seguridad Nacional: “(...) También de complejas amenazas externas relacionadas con la intención de afectar la integridad territorial, el contexto de inestabilidad en países vecinos y la injerencia de potencias extra hemisféricas. (...)” (Pág. 23) En consecuencia, no es dado afirmar que el alto número de migrantes venezolanos a Colombia es una amenaza interna ni contra el emprendimiento, generando afectación en la economía y disminuyendo el acceso a la formalización laboral; ni contra la salubridad pública con nuevas enfermedades, epidemias, pandemias, etc, generando congestión hospitalaria. Por lo que ambas opciones de respuesta se descartan, además, por ser suposiciones consecuencia de la amenaza que el caso plantea, pues si bien ambas son consecuencias que podrían en dado caso darse, estas no son catalogadas como amenazas externas, sino como precisamente, consecuencias de la presentación de una posible amenaza. Una de las opciones de respuesta define el caso como una amenaza externa pero argumenta que esta se da contra el medio ambiente, al aumentar la contaminación por la elevación repentina de población en las zonas naturales, lo cual no es cierto, pues el crecimiento poblacional en estas zonas naturales sí puede llegar a afectar el medio ambiente, recursos naturales y biodiversidad de la nación, pero no es lo que se está presentando en el caso planteado, no se evidencia tal afectación, por lo que no se da lugar a las suposiciones teniendo un caso en concreto delimitado y conciso. Al respecto, la PDS 2019 define al medio ambiente, el agua y la biodiversidad como intereses nacionales y su defensa y protección es prioridad de la seguridad nacional, lo cual nos lleva nuevamente a la respuesta correcta que argumenta que es una amenaza externa, que afecta la seguridad nacional. Así, la Política de Defensa y Seguridad afirma que “El agua, la biodiversidad y el medio ambiente son activos estratégicos de la nación. La Política sectorial los califica como intereses nacionales principales y prevalentes, en un contexto global de presente y futura escasez de dichos recursos y de eventuales conflictos. La defensa y protección de tales recursos es prioridad de seguridad nacional. (...)” (Pág. 36) Por lo cual, estas personas podrían alojarse en zonas naturales al llegar a Colombia, pero no es lo que se evidencia en el caso planteado, nuevamente, se estaría dado una hipótesis, suposición que no da lugar, pues no se afirma ni se presenta en el caso el lugar donde están llegando estas personas, por lo cual, suponer que se están alojando en zonas naturales es suministrar datos que no son conocidos para el caso en concreto.

Respuesta correcta: A

Explicación:

En efecto el principio constitucional del debido proceso ha sido traído al estatuto disciplinario por virtud del artículo 12 de la ley 1952 de 2019, que indica: “Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado y juzgado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código.” Este principio está consagrado también en la Constitución política y es una garantía para todo procesado, en este caso, se aplica en materia disciplinaria. Por su parte, la Presunción de inocencia considera que el sujeto disciplinable se presume inocente y debe ser tratado como tal mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Así mismo, indica que durante la actuación disciplinaria, la duda razonable se resolverá a favor del sujeto disciplinable cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad. Por otro lado, el principio de ilicitud sustancial indica que la conducta del sujeto disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna y que habrá dicha afectación cuando se contraríen los principios de la función pública. Finalmente, vale la pena mencionar que dentro de los principios rectores de la Ley Disciplinaria, no se contempla ninguno denominado ejecutoriedad. Pero es un principio propio de todos los actos administrativos, que implica que el acto administrativo es ejecutable.

Respuesta correcta: A

Explicación:

La gerencia pública como parte de los empleos de libre nombramiento y remoción, por las calidades directivas del cargo, se caracterizó en la ley 909 por coadyuvar en la formulación y cumplimiento de las políticas públicas de la entidad donde se desempeñe