Respuesta correcta: C

Justificación:

La revisión de este caso de estudio parte de varias aristas. En primer término, abordaremos lo que implica preparar el estudio financiero de un proyecto y por otra parte, trataremos específicamente cómo se aborda el tema de los costos e ingresos o beneficios para este estudio.

Para alcanzar este objetivo, tomaremos como referencia lo señalado en los documentos: manual metodológico general para la identificación, preparación y evaluación de proyectos del Departamento Nacional de Planeación, y Manual Conceptual de la Metodología General Ajustada (MGA), de los cuales se extrae la siguiente información:

El objetivo del estudio financiero es ordenar la información de carácter monetario, con el propósito de complementarla para la evaluación de las alternativas; además de permitir definir la estructura óptima financiera, de establecer la información sobre ingresos de operación y costos de ejecución, operación y mantenimiento.

Para determinar los costos tanto de inversión como de operación (aquellos que se generan por funcionamiento y mantenimiento propios del producto de la alternativa de solución), es conveniente realizar el análisis a partir de los siguientes tres elementos:

• Productos: Se refieren a los bienes o servicios generados por la alternativa de solución.
• Componente: Agrupación de una o varias actividades o categoría del gasto.
• Actividad: Se refieren a las acciones necesarias dentro de una alternativa de solución que utiliza recursos e insumos.

Cuantificación y valoración de los ingresos y beneficios:

Los productos que se obtienen con los proyectos generan beneficios para la población objetivo, los cuales se presentan bajo la forma del problema resuelto o la necesidad satisfecha. Sólo se deben incluir los beneficios que se deben exclusivamente a las alternativas de solución e involucrar los ingresos por concepto de venta de activos, valor de rescate, por venta de subproductos o productos de desecho que generen las alternativas de solución, o por servicios complementarios.

Luego de haber identificado y cuantificado los ingresos y beneficios se puede proceder con su valoración en la medida que las posibilidades lo permitan particularmente para estos últimos, pues como ya se comentó, bajo determinadas circunstancias se dificulta el trabajo cuando no se cuenta con precios de mercado como referentes para las estimaciones de valor y en otros en los que es prácticamente imposible definirlo. Existen diferentes técnicas que pueden ser utilizadas para superar los obstáculos que plantea el hecho de no contar con mercados observables, dentro de estas se destacan:

• Costos evitados o inducidos: Este método es útil cuando el producto bajo análisis no se comercializa en el mercado, pero demuestra una relación de sustitución con otro bien o servicio que sí lo hace y que por tanto posee un precio que puede asimilarse para estimar los beneficios en términos de los ahorros o pagos dejados de realizar.
• Valoración contingente: A diferencia de las anteriores técnicas, en esta se hace uso de encuestas para indagar de manera directa a los potenciales beneficiarios por su máxima disposición a pagar frente al consumo hipotético del producto específico que se está valorando. Se trata en este caso entonces de estimar la función de demanda para un producto que no se transa en el mercado, pero además que no presenta relaciones de sustitución o complementariedad con otros productos para los cuales podrían aplicarse otras técnicas.

Cuantificación y valoración de los costos:

Los costos de la alternativa de solución se clasifican en tres categorías: los costos de preinversión, los costos de ejecución y los costos de operación. Para una correcta elaboración de un flujo de caja es importante además tener en cuenta la valoración de los activos que han sido adquiridos por donación.

• Los costos de ejecución son los desembolsos atribuibles a la compra de activos fijos, como compra de terrenos y edificios, pago de obras civiles, compra de equipo y maquinaria, obras de instalación y los costos de capital de trabajo.
• Los costos de operación y mantenimiento son los desembolsos atribuibles a la etapa de operación de la alternativa, como pago de arrendamiento de infraestructura, servicios públicos domiciliarios, gastos generales y gastos propios del mantenimiento de los activos fijos. Los costos de operación reflejan los desembolsos por insumos y otros rubros necesarios para el ciclo productivo de la alternativa a lo largo de su funcionamiento.

En este contexto, el costo total de cada alternativa de solución es el resultado de los costos de los bienes y/o servicios incluidos en la cadena de valor, concepto que forma parte integral de una adecuada formulación al precisar los componentes del proyecto en términos de los productos específicos que se entregarán a través de este, para que luego, en la etapa de seguimiento, puedan ser monitoreados de una forma más adecuada, lo cual a su vez permite una mayor comprensión de la estructura de ejecución del proyecto.

Asimismo, el concepto de cadena de valor encuentra una estrecha similitud con la técnica conocida en gerencia de Proyectos como Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). La EDT “… es una descomposición jerárquica, basada en los entregables del trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos, con cada nivel descendente de la EDT se representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto.”

Tomando como referencia estos elementos conceptuales, podemos inferir que el consultor hace un esbozo de las distintas técnicas usualmente empleadas para las respectivas valoraciones, no obstante, señala que no se aplicará lo relativo a la técnica de matriz de probabilidad e impacto de las opciones de desarrollo de energía alternativa. En este caso, nos estamos refiriendo a la matriz de riesgo, que es una herramienta de control y gestión que permite visualizar los riesgos desde la etapa de planificación del proyecto, facilitando así su mitigación al maximizar las oportunidades de que los riesgos se manejen a tiempo y minimizando el impacto negativo en el proyecto; esta técnica se emplea en el estudio de riesgos que involucra una revisión de las causas que generan la presencia de riesgos así como de las implicaciones o impactos que acarrearía el hecho de llegar a concretarse cada uno de estos en algún momento del tiempo, para el cumplimiento del objetivo general.

En el caso de las otras opciones de respuesta, luego de entender el marco metodológico asociado al estudio financiero, podemos concluir que son técnicas inherentes a la determinación de costos y beneficios para las alternativas de solución del proyecto: desglose de Trabajo (EDT) en la cadena de valor en las alternativas de generación de energía alterna, valoración contingente en los productos/servicios desarrollados en materia energética, y costos evitados o inducidos inherentes a las alternativas de sustitución de combustible.

Respuesta correcta: A

Justificación:

La opción es acertada puesto que el informe sobre el avance o retroceso de los modelos estándar de control interno, deben elaborarse con base en las mediciones que al respecto se realicen. Éstas mediciones se efectuarán de acuerdo a la metodología, la periodicidad y demás condiciones que establezca la Función Pública, y se basarán en la información recopilada a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG. Por lo que se descarta la opción "basarse en los datos suministrados por el Archivo General de la Nación" y "presentar estadísticas descriptivas sobre ellas ". Por otra parte, se descartan las demás opciones pues solo aluden a comparaciones entre períodos de tiempo sin aludir a forma o metodología específica que permita mostrar las diferencias, avances o retrocesos, frente a las actividades de control interno en tales períodos . (art. 2.2.23.3)

Respuesta correcta: C

Justificación:

Para el análisis de este caso de estudio, tomaremos como fundamento lo indicado en el Decreto 1085 de 2015, específicamente el artículo 2.2.22.2.1 referido a las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, puntualizando que (véase también el Decreto 1499 de 2017, artículo 2.2.22.2.1):

Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los demás líderes, se denominan políticas de Gestión y Desempeño Institucional y comprenden, entre otras, las siguientes:

1. Planeación Institucional.
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.
3. Talento humano.
4. Integridad.
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.
7. Servicio al ciudadano.
8. Participación ciudadana en la gestión pública. 9. Racionalización de trámites.
10. Gestión documental.
11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea.
12. Seguridad Digital.
13. Defensa jurídica.
14. Gestión del conocimiento y la innovación.
15. Control interno.
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
17. Mejora Normativa (Decreto 1299 de 2018).

Partiendo de lo establecido en el marco normativo en relación con las políticas de desarrollo administrativo o de desempeño de las entidades públicas, podemos inferir que efectivamente corresponden a políticas las que se mencionan en las alternativas de respuesta como: (1) el fortalecimiento organizacional de la entidad y la simplificación de los procesos medulares vinculados directamente con la atención al ciudadano; (2) la racionalización de los trámites y la consolidación de una gestión digital y en línea de los servicios para satisfacción de la comunidad; y (3) la transparencia en la gestión, especialmente en los servicios contratados facilitando el acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Nos quedaría entonces concretar que el facilitador de la convención ha procedido a señalarlas, sin embargo, al revisar los resúmenes elaborados en las mesas de trabajo, indica que debe se debe descartar la que señala como política el direccionamiento de la gestión a partir de la toma de decisiones basada en la evidencia, la moralidad y la imparcialidad. Sobre el particular, en primer término, debemos mencionar que la toma de decisiones basada en la evidencia es un principio de calidad y del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) y no una política, este principio consiste en capturar, analizar y usar información para la toma de decisiones que afectan la consecución de los resultados de la entidad. También encontraremos en esta opción de respuesta alusión a principios constitucionales de la administración pública como son la moralidad e imparcialidad; razones por las cuales esta alternativa de respuesta no se ajusta al planteamiento del caso de estudio.

Respuesta correcta: A

Justificación:

La opción correcta es la de repetición, pues como medio para evitar el detrimento de los fondos públicos debido a actuaciones antijurídicas (contrarias a derecho, y a las normas) de los funcionarios de las entidades públicas, cada una de ellas tiene la potestad de, tras realizar el pago de las indemnizaciones causadas por la actuación contraria a derecho, podrá "cobrar" al funcionario que ocasionó esa erogación la suma inicialmente asumida por el Estado, a esto se le llama, acción de repetición. Se descartan las opciones "practicar la acción de recobro" e "implementar la acción de recuperación", pues no son figuras existentes en el ordenamiento jurídico colombiano. Así mismo, se descarta la opción "ejercer la acción de reparación directa", pues esta acción la tienen quienes han sufrido algún agravio por parte del Estado con ocasión a sus actuaciones u omisiones extracontractuales. El titular de ella es quien ha sufrido lesión y se ejerce ante un juez administrativo, en contra de la entidad que causó la misma. En ese sentido, no es aplicable al presente caso dado que se indaga por la acción que posee el Estado frente a quien propició el despido y en todo caso, las situaciones lesivas enunciadas tienen origen en un contrato. (Ley 1474 de 2011, art. 6, Ley 678 de 2001, art. 8)

Respuesta correcta: B

Justificación:

En el MECI (Modelo Estándar de Control Interno) se agrupan diferentes módulos a través de los cuales se busca el cumplimiento de los objetivos del estado para contribuir a los fines esenciales de este de una forma correcta y trasparente. Uno de estos módulos es el de Control de Evaluación y Seguimiento, el cual agrupa los parámetros que garantizan la valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de sus diferentes mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento. Así mismo, tiene unos objetivos que buscan garantizar que el sistema de control interno disponga de mecanismos que entre otras cosas le permita verificar, evaluar y hacer seguimiento a la gestión de la organización; así como de medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos a través de la supervisión continua de planes, programas y proyectos. Sin embargo, para resolver esta pregunta se debe tener en cuenta que lo que se pide es enunciar los componentes a través de los cuales se desarrollan todas estas acciones que contribuyen al Control de evaluación y seguimiento. Dichos componentes se encuentran determinados en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano del Departamento Administrativo de la Función Pública, y son: la autoevaluación institucional, la auditoría interna y los planes de mejoramiento.

Respuesta correcta: D

Justificación:

El Artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015 establece que además de las reglas generales previstas en la ley para la subasta inversa es necesario que los pliegos de condiciones indiquen: la fecha y hora de inicio de la subasta; la periodicidad de los Lances; y el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa. Así mismo, establece las reglas aplicables a este proceso, donde indica que hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica. Si bien es cierto según lo mencionado, que si no hay mínimo dos oferentes no hay subasta inversa, no es cierto que por ello se deba declarar desierto el proceso porque la ley establece lo que se hace en estos casos, por lo que se descartan las opción de respuesta que lo sugieren. En este sentido, y teniendo en cuenta el enunciado planteado, la misma norma también indica que: “Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicar el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato.” Por lo anterior, cabe afirmar que la opción de respuesta señalada es la correcta. Ahora bien, la norma no indica que la adjudicación del contrato se hará bajo alguna condición específica como el valor de la oferta, para ello se tendrá en cuenta, en términos generales, que el proponente cumpla con lo consignado en el pliego de condiciones.

Finalmente, cabe aclarar que una subasta inversa es definida en el Decreto 734 de 2012 en su artículo 3.2.1.1.1 como “una puja dinámica efectuada presencial o electrónicamente, mediante la reducción sucesiva de precios durante un tiempo determinado, de conformidad con las reglas previstas en el presente decreto y en los respectivos pliegos de condiciones”.