Simulacro

Pregunta 1. De los alcaldes

Las acciones populares tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados. El primer mandatario municipal emprendió una acción popular para evitar los daños ecológicos producidos por el glifosato, derivados de los programas de erradicación de cultivos ilícitos. Con respecto al conocimiento normativo sobre la materia es posible afirmar que

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A. solo las Organizaciones No Gubernamentales y la ciudadanía en general pueden presentar acciones populares.

B. los alcaldes no están facultados para iniciar una acción popular porque se considera un impedimento para actuar.

C. el primer mandatario puede iniciar la acción popular como cualquier ciudadano lo podría hacer.

D. la acción popular es una acción que solo puede ser promovida desde la ciudadanía

Respuesta correcta: C

Justificación:

La acción popular es una acción pública, lo que significa que puede interponerla cualquier persona. La Ley 472 (artículo 12) dispone que son titulares de esta acción, esto es, están legitimados para usarla personas naturales o jurídicas, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, cívicas o similares, las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los personeros distritales y municipales en lo relacionado con su competencia, los alcaldes y los servidores públicos que promuevan la protección y defensa de los derechos e intereses colectivos.

Así pues, las opciones que excluyen al alcalde de la posibilidad de actuar no pueden ser correctas en virtud de lo acá expresado y, si bien generalmente las acciones populares las promueven la ciudadanía del común, esto no significa que son las únicas facultadas para hacerlo, máxime que están constituidas para proteger derechos como el medio ambiente sano, la moralidad administrativa y el espacio público que son de la colectividad, por lo que cualquiera puede actuar en beneficio de ellos.

Pregunta 2. Cultura y Desarrollo social

Un municipio, que se encuentra próximo a iniciar la ejecución de su nuevo Plan Municipal de Desarrollo (PMD), lo formuló teniendo en cuenta la inclusión de una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo de acuerdo a la normatividad vigente en la materia. No obstante, un grupo de ciudadanos aduce que lo atacarán jurídicamente pues la formulación del PMD no previó espacios de concertación con el Gobierno Nacional, argumento que la Administración Municipal contrarresta señalando que actuó en virtud de la autonomía administrativa que le fue concedida constitucionalmente. Respecto al planteamiento anterior se puede aducir que

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A. la administración municipal actuó en virtud de una facultad constitucional.

B. sí se requería la concertación con el Gobierno Nacional para la formulación del PMD.

C. no se requería la concertación con el Gobierno Nacional para la formulación del PMD.

D. los Planes de Desarrollo no se pueden controvertir jurídicamente.

Respuesta correcta: B

Justificación:

La opción es la correcta pues aunque constitucionalmente las entidades territoriales están dotadas de autonomía administrativa, el Estado colombiano es unitario, lo que implica que la autonomía territorial necesariamente encuentra su límite en los lineamientos y directrices generales dictados desde el gobierno central. De ahí que para el caso particular de la formulación de Planes de Municipales de Desarrollo se haya dispuesto de manera taxativa la concertación entre los diversos niveles territoriales que formulan los mismos (Constitución Política de Colombia, art.339).

Pregunta 3. Iniciativa popular Legislativa y Normativa

Iniciativa Popular Legislativa y Normativa ante las corporaciones públicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar Proyecto de Acto Legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de Ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de Acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de Resolución ante las Juntas Administradoras Locales, y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente. De acuerdo con lo expuesto, lo más acertado es señalar que

Seleccione una:

A. dentro del mes siguiente a la presentación del desistimiento, la Registraduría efectuará el conteo, hará público el número de firmas recogidas y señalará el plazo para integrar un nuevo comité de promotores ciudadanos.

B. el texto de la Iniciativa Legislativa y Normativa o de la solicitud de referendo y su resumen, no podrán contener alusiones personales ni hacer publicidad personal o comercial.

C. para ser promotor de una Iniciativa Legislativa y Normativa se requiere ser ciudadano en ejercicio y contar con el respaldo del cinco por mil de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral.

D. por decisión de la mitad más uno de los miembros del comité de promotores, la Iniciativa Legislativa y Normativa podrá ser desistida antes del vencimiento del plazo para la recolección de los apoyos.

Respuesta correcta: C

Justificación:

La respuesta c es la correcta porque esta se corresponde con el artículo 10 y subsiguientes de la Ley 134 de 1994, mediante los cuales se regula la inscripción y trámite de las Iniciativas Legislativas y Normativas. Allí, se indica que podrán también ser promotores una organización cívica, sindical, gremial, indígena o comunal del orden nacional, departamental, municipal o local, según el caso, o un partido o movimiento político, debiendo cumplir con el requisito de la personería jurídica en todos los casos.

Pregunta 4. Agua potable y saneamiento básico

Recién usted es contratado como profesional especializado en carrera administrativa adscrito a la Secretaría de Gobierno de un municipio de quinta categoría cuyos recursos girados por el Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico son administrados por el ente departamental de su jurisdicción. De esta información, que es conocida por usted en un curso de inducción y capacitación a su cargo público, brindado en los primeros días de labores, usted podrá inferir que

A. este municipio carece de certificación para administrar dichos recursos, por no llenar los requisitos de ley o porque, habiendo sido certificado fue luego descertificado, demostrada la insuficiencia en la prestación de esos servicios.

B. este municipio ha delegado voluntariamente al departamento la administración de los recursos girados por el SGP para agua potable y saneamiento básico.

C. cuando el valor sea superior, el excedente se pagará con recursos propios de la entidad territorial, es decir, con ingresos corrientes de libre destinación.

D. el salario del cargo para un municipio de esta categoría resulta poco comparado con los salarios de funcionarios de estos mismos cargos que prestan servicios en municipios de categoría especial y primera.

Respuesta correcta: A

Justificación:

La opción A concluye de manera adecuada la información presentada en tanto resume las facultades otorgadas a los municipios certificados para el manejo de los recursos girados por el SGP con destinación a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico, según Ley 1176 de 2007. Así, entre las competencias de los departamentos, esta ley incluye en su artículo 3, numeral 3, la de “Asegurar que se preste a los habitantes de los distritos o municipios no certificados en agua potable y saneamiento básico, de manera eficiente, los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico”.

Ahora bien, si el municipio fue certificado para administrar dichos recursos (artículo 4), pero posteriormente por malos manejos o por ineficiencia en la prestación de los servicios obtiene una descertificación por la autoridad competente (artículo 5), dichos recursos serán administrados por el departamento (artículo 5).

Pregunta 5. Medio ambiente y desarrollo

Dos municipios limítrofes en la frontera colombo-ecuatoriana son separados geográficamente por un río que los atraviesa dividiéndolos a su vez políticamente. En los últimos años, su cauce y márgenes se han visto cada vez más poblados, debido principalmente a los hallazgos de oro que pobladores de ambos municipios se han apropiado de las orillas del río.

Poco a poco, la explotación de oro con el método del barequeo se ha convertido en una pequeña industria que genera recursos a una gran cantidad de pobladores de ambos territorios. Sin embargo, a medida que la explotación aumenta son mayores los costos ecológicos para ambos municipios a causa del desarrollo de este tipo de negocios, pues como bien han observado algunas autoridades locales y comunales, la pesca en el río ha disminuido gradualmente en los últimos años y sus aguas, que antes los aprovisionaban de lo necesario para sobrevivir, ahora solo vienen cargadas de fango, palos y cadáveres, pero no de peces. Al enterarse de lo anterior, dos grandes empresas mineras privadas, con operatividad en los respectivos territorios colombiano y ecuatoriano, han comenzado las primeras exploraciones en campo con el fin de obtener información sobre posibles yacimientos del material aurífero, encontrando claras signaturas de vetas de oro en amplias zonas colindantes entre los municipios en mención. Teniendo en cuenta lo anterior, lo más recomendable para el alcalde del municipio colombiano en este caso será tener en cuenta que la Constitución Política colombiana le permite

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A. presentar una propuesta al Concejo Municipal para la elaboración de un dique que separe ambos municipios, independientemente de las funestas consecuencias que ello pueda acarrear para los hábitats naturales.

B. decretar el estado de conmoción interna que deberá ser aprobado por el presidente de la República y los ministros de Defensa y del Interior, con el fin de dar término al desorden interno provocado por el fenómeno de “fiebre de oro” que se expande por el municipio.

C. adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente.

D. impedir la realización de exploraciones y excavaciones que conduzcan a una posible explotación del material aurífero hallado en la zona por parte de empresas privadas y multinacionales que tienen como objeto su comercialización.

Respuesta correcta: C

Justificación:

La respuesta correcta contiene una facultad otorgada a los municipios colombianos limítrofes con entidades territoriales de países vecinos, mediante el artículo 289 de la Constitución Política, y se adecúa al caso hipotético expuesto en la pregunta puesto que, en comparación con las demás respuestas, brinda una solución ajustada constitucionalmente a los problemas que allí se advierten. Así, en el caso se expone una situación de posible explotación minera en territorio fronterizo entre dos países, que son representados localmente por dos entes territoriales. Para estos casos, tanto la Constitución Política como la Ley 1551 de 2015, art. 6, núm. 13., prevén la disposición de mecanismos de asociación territorial con objetivos concretos de desarrollo. Para el caso en cuestión, se trataría de construir asociación municipal con fines de explotación de recursos.

Pregunta 6. Salud y Planeación

En el municipio se está implementando un programa cuya finalidad es verificar que las personas que poseen ingresos por conceptos laborales, sea en condición de dependientes o de independientes, estén afiliadas al régimen contributivo de salud para evitar así el subsidio a personas que no lo requieren y que ocupan lugares de personas que, debido a su situación de vulnerabilidad, requieren el apoyo del régimen subsidiado. Este programa encuentra su justificación en que

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A. la afiliación al sistema contributivo debe ser la regla general, y por su parte el régimen subsidiado debe ser utilizado excepcionalmente.

B. la afiliación al sistema contributivo debe ser la regla general.

C. promover la afiliación al régimen contributivo es una de las funciones en materia de salud de las alcaldías municipales.

D. el sistema subsidiado de seguridad social está colapsado.

Respuesta correcta: A

Justificación:

La opción es la correcta en la medida que, dentro de las funciones en materia de salud reservadas a las administraciones municipales, éstas deben promover en su jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de pago y evitar la evasión y elusión de aportes. Se descartan las otras opciones pues el criterio determinante de la pertenencia o no a este régimen, es únicamente la capacidad de pago, no se habla en ningún caso de reglas en generales en materia de afiliación a uno u otro régimen. (Ley 715 de 2001. art. 44).